El régimen jurídico-tributario de la Ley 30-24 y la República Dominicana como hub logístico : modernización aduanera, sostenibilidad fiscal y desarrollo económico

Abstract

La promulgación de la Ley 168-21 y, posteriormente, de la Ley 30-24, marcan un punto de inflexión en la política aduanera y fiscal de la República Dominicana. Ambas normas responden a la necesidad de adecuar el sistema nacional a las exigencias del comercio global, la digitalización de los procesos y la búsqueda de nuevos mecanismos para atraer inversión extranjera directa. Sin embargo, su aplicación ha evidenciado desafíos estructurales que trascienden el ámbito meramente administrativo, comprometiendo la coherencia entre la facilitación del comercio exterior, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la seguridad jurídica de los operadores. Este estudio se justifica en la medida en que analiza integralmente el régimen jurídico-tributario instaurado por la Ley 30-24 desde una perspectiva multidimensional: legal, económica y administrativa. Tal análisis resulta impostergable, no solo por la ausencia de un reglamento de aplicación que defina con precisión los alcances tributarios y operativos de la ley, sino también porque el país se encuentra en vísperas de una reforma fiscal estructural, donde la revisión de incentivos y exenciones será un tema central del debate nacional. (Tal cual se pudo ver con el debate del intento de reforma y/o Ley de Modernización Fiscal hace varios meses.) Desde mi punto de vista, esta investigación me permitirá plantear y consolidad conocimientos actualizados sobre la articulación entre política aduanera y política fiscal, un campo escasamente explorado en el contexto dominicano. Asimismo, contribuirá a evaluar la compatibilidad del nuevo régimen con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de comercio, transparencia y competencia tributaria (OMA, OMC, OCDE). En el plano institucional, busco que esta investigación ofrezca evidencias empíricas y recomendaciones técnicas que podrían fortalecer la gestión de la Dirección General de Aduanas y otras entidades vinculadas (DGII, MICM, Hacienda), aportando criterios de mejora en la coordinación interinstitucional y en la formulación del futuro reglamento de aplicación. Finalmente, en términos socioeconómicos, el estudio cobra relevancia porque permitirá determinar si las ventajas fiscales y logísticas previstas en la Ley 30-24 realmente se traducen en mayor competitividad, atracción de inversiones y generación de empleo, o si, por el contrario, podrían generar riesgos de erosión tributaria que afecten la estabilidad fiscal del Estado. En síntesis, esta investigación no solo busca interpretar el marco jurídico-tributario vigente, sino evaluar su coherencia, eficacia e impacto real en la consolidación de la República Dominicana como Hub Logístico del Caribe, dentro de un modelo de desarrollo económico sostenible y fiscalmente responsable.