Hacia un modelo dominicano de madurez en la investigación de delitos tributarios : análisis crítico y propuesta de implementación basada en los estándares de la OCDE

Abstract

[Español] El presente trabajo tiene como propósito analizar la pertinencia y la viabilidad de implementar en la República Dominicana un modelo de madurez en la investigación de delitos tributarios, inspirado en los estándares propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A partir del diagnóstico del marco jurídico y operativo nacional, se busca establecer una propuesta adaptada a las condiciones institucionales dominicanas, que permita fortalecer la capacidad de investigación penal en materia tributaria y mejorar la eficiencia en la persecución del fraude fiscal. El estudio adopta un enfoque cualitativo y descriptivo, sustentado en fuentes doctrinales, comparativas y normativas, así como en documentos técnicos de organismos internacionales como la OCDE, la CEPAL, USAID y el GAFI. A través de la revisión analítica del Modelo de Madurez para la Investigación de Delitos Fiscales de la OCDE (2022), se identifican sus dimensiones esenciales — gobernanza, procesos, coordinación interinstitucional, capacidades técnicas, infraestructura tecnológica y transparencia— y se contrastan con las condiciones del sistema penal tributario dominicano. La investigación evidencia que, aunque la República Dominicana cuenta con avances relevantes en la creación de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios (UIDT) y en la modernización tecnológica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aún persisten brechas normativas y de coordinación institucional que limitan la aplicación efectiva del modelo OCDE. En consecuencia, se propone una adaptación conceptual no evaluativa del modelo, orientada a fortalecer la gobernanza, estandarizar procesos y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito penal tributario. El trabajo concluye que la implementación de un modelo dominicano de madurez contribuiría a incrementar la efectividad de las investigaciones, a elevar la legitimidad fiscal y a consolidar una política criminal tributaria moderna, articulada con los estándares internacionales de cooperación y cumplimiento tributario.

[English] This research aims to analyze the relevance and feasibility of implementing a maturity model for tax crime investigation in the Dominican Republic, inspired by the standards proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Based on the diagnosis of the national legal and operational framework, the study seeks to propose an approach adapted to the Dominican institutional context, strengthening investigative capacity in tax crime cases and improving the efficiency of tax fraud prosecution. The study adopts a qualitative and descriptive approach, supported by doctrinal, comparative, and normative sources, as well as technical documents from international organizations such as the OECD, ECLAC, USAID, and FATF. Through an analytical review of the OECD Maturity Model for the Investigation of Tax Crimes (2022), its essential dimensions—governance, processes, interinstitutional coordination, technical capabilities, technological infrastructure, and transparency— are identified and contrasted with the Dominican tax criminal system. The findings reveal that, although the Dominican Republic has made significant progress through the establishment of the Tax Crime Investigation Unit (UIDT) and the technological modernization of the General Directorate of Internal Taxes (DGII), there remain regulatory and institutional coordination gaps that limit the practical application of the OECD model. Consequently, a non-evaluative conceptual adaptation is proposed to strengthen governance, standardize processes, and promote a culture of transparency and accountability in tax criminal enforcement. The study concludes that implementing a Dominican maturity model would increase investigative effectiveness, enhance fiscal legitimacy, and consolidate a modern tax criminal policy aligned with international standards of cooperation and compliance.