Examinando por Autor "Edgar Torres Reynoso"

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Análisis de la figura de las garantías mobiliarias para signos distintivos
(2023) Ramón Iván Geo Moscoso. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Aplicación de los derechos de propiedad intelectual en las creaciones culinarias en la República Dominicana
(2024) Miranda María Cabral Rodríguez. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
En el corazón de la cultura dominicana, la gastronomía emerge como una manifestación de arte incomparable. Sin embargo, esta se encuentra en una encrucijada jurídica: aunque el arte, por su naturaleza, halla protección y refugio en el amplio manto de la propiedad intelectual, la aplicabilidad de estos derechos sobre las creaciones culinarias ha sido insuficientemente explorada por la doctrina legal. La ausencia de un debate jurídico robusto y de una doctrina consolidada respecto del amparo de las creaciones culinarias genera una situación preocupante en detrimento de (i) los creadores, quienes, en su búsqueda por diferenciarse y enriquecer el patrimonio gastronómico, enfrentan un panorama incierto; y (ii) la innovación en la industria gastronómica, cual figura como uno de los pilares de la economía dominicana. Frente a este escenario, el análisis de cómo la legislación dominicana respalda el talento culinario se vuelve una urgencia, cual no solo se hace eco en la academia, sino también entre los profesionales y creativos de la industria gastronómica, quienes buscan claridad y protección dentro de un marco legal que respalde la innovación culinaria sin coartar el intercambio cultural y el desarrollo colectivo del arte culinario. En ese tenor, este estudio propone una exploración metódica y reflexiva de la legislación vigente, para discernir si las creaciones culinarias se encuentran, o podrían encontrarse, protegidas bajo el paraguas de la propiedad intelectual en el contexto dominicano. Este trabajo no solo pretende ser una contribución original y significativa al conocimiento jurídico, llenando un vacío en la laguna literaria legal dominicana respecto de la propiedad intelectual aplicada a la gastronomía, sino que también aspira a ser un catalizador para un diálogo más amplio y profundo sobre el tema, sirviendo, así como un faro guía para legisladores, juristas y profesionales.
Desafíos legales y sociales en el proceso de adopción en la República Dominicana : un análisis integral
(2024) Nicole Elizabeth Espinal Peña. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
La adopción, se presenta como un mecanismo destinado a proporcionar una vivienda y una familia a aquellos niños en situación de vulnerabilidad, se prevé como un medio de significativa relevancia a nivel mundial. No obstante, a pesar de sus numerosos beneficios inherentes, el procedimiento de adopción se encuentra sometido a múltiples desafíos de índole legal y social, con repercusiones tanto para los niños adoptados como para las familias involucradas. La presente investigación se focaliza en la República Dominicana, un contexto geográfico específico, con la finalidad de poder llevar a cabo un análisis completo, donde el mismo incluya una descripción acertada de cada uno de aquellos elementos desafiantes que engloban e impactan el proceso de adopción en el país. La imperativa necesidad de entendimiento pormenorizado y abarcador de las ramificaciones legales y facetas sociales que inciden en este proceso se instituye como un requisito esencial para perfeccionar la eficiencia y equidad del sistema de adopción en la nación. Este análisis profundo se erige desde una base de requerimiento para asegurar el bienestar integral de los niños adoptados y sus familias, contribuyendo no solo a la mejora sustancial de las políticas y prácticas adoptadas en materia de adopción, sino también a la construcción de un entorno que promueva la justicia y el respeto hacia los derechos fundamentales de los involucrados en este proceso.
El fideicomiso como política del Estado dominicano
(2024) Paul Alexander Salcedo Mota. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
La modernidad trae consigo importantes retos que reposan sobre la habilidad de adaptación de los distintos Estados de la economía global. Cada vez más son los vehículos financieros de alta complejidad los responsables de direccionar la tendencia macroeconómica de la modernidad. Con la evolución social latente en la República Dominicana, nacen además importantes implicaciones en materia de administración del Estado que requieren del legislador un análisis profundo sobre las distintas problemáticas adyacentes, para que de tal forma se puedan brindar soluciones integrales que permitan el desarrollo continuo de la economía nacional. Se convierte en un hecho históricamente notorio la tendencia de mal administrador que ha manifestado el Estado en distintos sectores, partiendo desde el cumplimiento lógicamente razonable de sus responsabilidades frente al acceso que estos deben crear en favor al pueblo dominicano. Esto se manifiesta mediante los efectos observados en diversos sectores donde todavía en la actualidad, nuestro órgano central no ha podido dar resolución a la deuda histórica que presenta con el pueblo. Estos ámbitos suponen ser el de transmisión y administración de nuestro régimen de electricidad, de la regulación y los procedimientos de la expropiación estatal, la prevención de inundaciones de las vías principales de tránsito convencional, entre otras. En un mundo donde la complejidad social se encuentra en constante aumento, la capacidad del Estado Dominicano no ha obtenido el balance entre su capacidad administrativa y el cumplimiento de sus responsabilidades ante la sociedad. A su vez, existen tanto necesidades como oportunidades, donde nuestro gobierno no ha tomado acción adecuada en el tema. Entre estos, podemos observar la administración de proyectos (tanto públicos como público-privados) y el combate contra el déficit habitacional que actualmente plaga a la República Dominicana. Con el fin de afrontar estos desafíos de la modernidad, y desde cierta perspectiva con una aceptación tácita de su limitada capacidad accionar, observamos la creación de la ley No. 189-11 de Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, ley No. 249-17 de Mercado de Valores, ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas y por último, la ley No. 28-23 de Fideicomiso Público. Sería mediante el establecimiento de estas herramientas que observamos la manifestación del modus operandi contemporáneo del Estado Dominicano y su estrategia para afrontar problemáticas propias de la modernidad. Para los distintos proyectos en conjunto con el sector privado, se crea la figura tanto de Fideicomiso de Alianza Público-Privada como del Fideicomiso Público, que se manifiesta como la estrategia de trabajo conjunto donde el Estado toma de la experiencia y know how del sector privado –en ciertos ámbitos optando por un uso conjunto de los recursos de ambas partes– para el desarrollo íntegro de estos proyectos. Por su parte, la política contemporánea del combate al déficit habitacional se manifiesta mediante el Fideicomiso de Desarrollo de Viviendas de Bajo Costo, donde por licitación (cuando el Estado aporta la propiedad inmobiliaria) o por iniciativa privada (cuando los actores privados cumplan con los requisitos jurídicos) se crean proyectos habitacionales de bajo costo, cuya cuantía de adquisición se sitúa actualmente en RD$ 5,025,380.75 en una República Dominicana donde , de 4,248,095 de 4,719,534 perceptores de ingresos del mercado laboral de la República Dominicana devengan ingresos mensuales por debajo de los RD$ 36,000.00 pesos mensuales, que en otras palabras, implica que el 90.01% de aquellos que forman parte de este mercado (tanto por la vía formal como informal) no cumplen con el requisito financiero para pertenecer a la clase media, debido a sus ingresos ser menores al 75% de la renta media de la República Dominicana, que al contar con un PIB de 114,000 MM de dólares, que se manifiesta en una renta media mensual de RD$ 49,826.36 o RD$ 597,916.29 por año. Por último, observamos al mercado de valores como política de dinamización económica, donde se crea un mercado que permite la canalización de colección de liquidez por parte de las sociedades comerciales, tras emitir títulos de valor (de acceso al público mediante la oferta pública, o a un grupo determinado mediante la oferta privada), que reposa sobre el fideicomiso de oferta pública de valores como el pilar de respaldo de estas oportunidades de inversión, donde en esencia, supone un intercambio mediante el cual la empresa vende parte de sus ganancias como empresa (mediante la oferta de “acciones” en la bolsa pública) o de un proyecto determinado (por medio de los títulos de valor), obteniendo liquidez a una menor tasa (tras comparar estos vehículos a los préstamos convencionales del sector Bancario), mientras que a su vez, los adquirentes reciben un retorno que, tras concluirse el ciclo, se inyecta nueva vez en la economía nacional, generando aún más liquidez. Sin embargo, a más de 12 años de su creación, se observan tanto preocupaciones como problemáticas. A la fecha, no se ha rendido análisis sobre los efectos que han tenido estos fideicomisos, que han supuesto parte de la política del Estado Dominicano en los mencionados sectores. El déficit habitacional, por su parte, presenta un crecimiento mayor a la introducción de viviendas de bajo costo por medio de esta modalidad. El fideicomiso público, por su lado, presenta fuertes críticas y preocupaciones por medio de distintos sectores de la sociedad. La bolsa de valores, que actualmente cuenta con una única empresa cotizante, supone ser más un sistema de compra y venta de bonos cuya plusvalía devenga de las acciones de la entidad, en vez de representar ser parte propietaria de la entidad en virtud a la cantidad de acciones adquiridas, como es la costumbre en los países con bolsas de valores. Por estas razones, la presente investigación busca realizar un análisis multisectorial para comprender las distintas ramificaciones presentadas por estos fideicomisos, dato importante dado a que se manifiestan como políticas del Estado Dominicano. Existe un alto interés detrás del éxito de estas políticas, que a la fecha actual no ha sido apropiadamente medido por las instituciones del Estado. Incluso, parte de la problemática se encuentra atada a la incongruencia de distintas estadísticas presentadas por distintas instituciones, que presentan preocupantes discrepancias entre los datos determinados. A fin de establecer un análisis crítico, utilizaremos como punto de referencia a cuatro países; Estados Unidos, Inglaterra y México. Estos países fueron elegidos, en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, por ser los países líderes en el desarrollo de estas figuras jurídicas, mientras que, en cuanto a México, debido a sus disyuntivas políticas que presentan una considerable similitud al sistema dominicano, así como el desarrollo que han observado las figuras desde su implementación.
La validez de los contratos de donación de óvulos, donación de esperma y alquiler de vientre en la República Dominicana
(2024) Aileen Mariel Gómez Figuereo. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
La infertilidad es una problemática que afecta a un porcentaje significativo de la población dominicana. Motivo por el cual en los últimos años se han incentivado los métodos de reproducción asistida en el país, los cuales incluyen la práctica de donación de esperma y donación de óvulos, a la fecha existen más de 10 centros de fertilización que reciben donaciones. Sin embargo, en la República Dominicana no existe una ley específica que regule este tipo de prácticas, más preocupante aún, no existe una regulación o requerimientos para los contratos que se suscriben en este tipo de transacciones, las cuales implican importantes problemáticas de derecho como son la clasificación de este tipo de contratos y la filiación. El desarrollo de esta tesis buscar identificar la situación legal actual de estas transacciones en la República Dominicana, específicamente en el ámbito contractual, y buscar posibles soluciones y alternativas de cómo deberían ser reguladas para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y hombres que acuden a estos servicios, los donantes que se ven beneficiados por ellos, así como también los derechos de los infantes concebidos bajo esta modalidad. Al existir este vacío legal, también existe la pregunta sobre la legalidad de las prácticas de maternidad subrogada en la República Dominicana, la cual, aunque no lo veamos, ocurre en nuestro país de manera informal y clandestina, lo cual crea la necesidad de identificar la situación legal actual de esta práctica y buscar una solución a la misma dentro del marco de la constitución y principios legales de nuestro país.
Pensión alimentaria internacional
(2023) Patricia Michell Salvador Genao. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Smart contracts en República Dominicana : análisis de la ejecución de las obligaciones
(2024) Annabelle Serra Bournigal. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
En la actualidad, el acelerado avance tecnológico ha transformado la dinámica y la manera en la que se realizan las transacciones comerciales, situando a los contratos inteligentes, o los smart contracts cómo se denomina en inglés, como una de las innovaciones más destacadas en este ámbito. La República Dominicana, como país en vía de desarrollo, ha tenido un retrasado progreso en cuanto a la digitalización de procesos y actualizándose en lo concerniente las nuevas tecnologías en lo que se refiere al e-goverment o gobierno electrónico. El avance tecnológico que ha tenido República Dominicana se ha caracterizado por ser en el ámbito de las telecomunicaciones. Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico dominicano ha adoptado normativas que regulan la contratación electrónica, siendo la misma un gran paso adelante respecto a la contratación tradicional, la misma se considera limitada e insuficiente para abordar la naturaleza de los smart contracts. En consecuencia, surge la necesidad de comprender las implicaciones y el método de ejecución de obligaciones vinculadas a los smart contracts. Los smart contracts son el futuro de las relaciones contractuales. Se caracterizan por ser contratos autoejecutables y están codificados en programas informáticos, lo que hace compleja su interpretación jurídica. Al ser un método que no requiere intermediarios, es accesible y vela por la transparencia entre las partes, estos contratos son de gran interés y resultan muy atractivos para todo tipo de profesionales. A pesar de que aún es un mecanismo que está en desarrollo, es inevitable su utilidad. En un determinado momento, los smart contracts reemplazarán los contratos tradicionales y a los fines de no encontrarnos desapercibidos, es imperativo estudiar y analizar las implicaciones jurídicas de estos contratos y su aplicabilidad dentro del marco jurídico actual dominicano. Tomando en consideración la naturaleza de estos contratos, su interpretación jurídica resulta compleja y, por lo tanto, es de suma importancia que la legislación dominicana busque abarcar estas ambigüedades y versar sobre temas tales como la protección de datos, protección de los consumidores, prevención de fraude, entre otros. En definitiva, los smart contracts, como los avances tecnológicos en sentido general, no son una tendencia temporal, sino que se posicionarán en el futuro como el método principal para contratación. Por consiguiente, es imperativo y necesario analizar cómo esta figura puede adoptarse e implementarse dentro del ordenamiento jurídico dominicano y determinar la viabilidad de su regularización.
Ventajas y desventajas de la mediación en el marco jurídico de la República Dominicana
(2023) Jorgelina Martínez Castillo. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)