El fideicomiso como política del Estado dominicano

Abstract

La modernidad trae consigo importantes retos que reposan sobre la habilidad de adaptación de los distintos Estados de la economía global. Cada vez más son los vehículos financieros de alta complejidad los responsables de direccionar la tendencia macroeconómica de la modernidad. Con la evolución social latente en la República Dominicana, nacen además importantes implicaciones en materia de administración del Estado que requieren del legislador un análisis profundo sobre las distintas problemáticas adyacentes, para que de tal forma se puedan brindar soluciones integrales que permitan el desarrollo continuo de la economía nacional. Se convierte en un hecho históricamente notorio la tendencia de mal administrador que ha manifestado el Estado en distintos sectores, partiendo desde el cumplimiento lógicamente razonable de sus responsabilidades frente al acceso que estos deben crear en favor al pueblo dominicano. Esto se manifiesta mediante los efectos observados en diversos sectores donde todavía en la actualidad, nuestro órgano central no ha podido dar resolución a la deuda histórica que presenta con el pueblo. Estos ámbitos suponen ser el de transmisión y administración de nuestro régimen de electricidad, de la regulación y los procedimientos de la expropiación estatal, la prevención de inundaciones de las vías principales de tránsito convencional, entre otras. En un mundo donde la complejidad social se encuentra en constante aumento, la capacidad del Estado Dominicano no ha obtenido el balance entre su capacidad administrativa y el cumplimiento de sus responsabilidades ante la sociedad. A su vez, existen tanto necesidades como oportunidades, donde nuestro gobierno no ha tomado acción adecuada en el tema. Entre estos, podemos observar la administración de proyectos (tanto públicos como público-privados) y el combate contra el déficit habitacional que actualmente plaga a la República Dominicana. Con el fin de afrontar estos desafíos de la modernidad, y desde cierta perspectiva con una aceptación tácita de su limitada capacidad accionar, observamos la creación de la ley No. 189-11 de Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, ley No. 249-17 de Mercado de Valores, ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas y por último, la ley No. 28-23 de Fideicomiso Público. Sería mediante el establecimiento de estas herramientas que observamos la manifestación del modus operandi contemporáneo del Estado Dominicano y su estrategia para afrontar problemáticas propias de la modernidad. Para los distintos proyectos en conjunto con el sector privado, se crea la figura tanto de Fideicomiso de Alianza Público-Privada como del Fideicomiso Público, que se manifiesta como la estrategia de trabajo conjunto donde el Estado toma de la experiencia y know how del sector privado –en ciertos ámbitos optando por un uso conjunto de los recursos de ambas partes– para el desarrollo íntegro de estos proyectos. Por su parte, la política contemporánea del combate al déficit habitacional se manifiesta mediante el Fideicomiso de Desarrollo de Viviendas de Bajo Costo, donde por licitación (cuando el Estado aporta la propiedad inmobiliaria) o por iniciativa privada (cuando los actores privados cumplan con los requisitos jurídicos) se crean proyectos habitacionales de bajo costo, cuya cuantía de adquisición se sitúa actualmente en RD$ 5,025,380.75 en una República Dominicana donde , de 4,248,095 de 4,719,534 perceptores de ingresos del mercado laboral de la República Dominicana devengan ingresos mensuales por debajo de los RD$ 36,000.00 pesos mensuales, que en otras palabras, implica que el 90.01% de aquellos que forman parte de este mercado (tanto por la vía formal como informal) no cumplen con el requisito financiero para pertenecer a la clase media, debido a sus ingresos ser menores al 75% de la renta media de la República Dominicana, que al contar con un PIB de 114,000 MM de dólares, que se manifiesta en una renta media mensual de RD$ 49,826.36 o RD$ 597,916.29 por año. Por último, observamos al mercado de valores como política de dinamización económica, donde se crea un mercado que permite la canalización de colección de liquidez por parte de las sociedades comerciales, tras emitir títulos de valor (de acceso al público mediante la oferta pública, o a un grupo determinado mediante la oferta privada), que reposa sobre el fideicomiso de oferta pública de valores como el pilar de respaldo de estas oportunidades de inversión, donde en esencia, supone un intercambio mediante el cual la empresa vende parte de sus ganancias como empresa (mediante la oferta de “acciones” en la bolsa pública) o de un proyecto determinado (por medio de los títulos de valor), obteniendo liquidez a una menor tasa (tras comparar estos vehículos a los préstamos convencionales del sector Bancario), mientras que a su vez, los adquirentes reciben un retorno que, tras concluirse el ciclo, se inyecta nueva vez en la economía nacional, generando aún más liquidez. Sin embargo, a más de 12 años de su creación, se observan tanto preocupaciones como problemáticas. A la fecha, no se ha rendido análisis sobre los efectos que han tenido estos fideicomisos, que han supuesto parte de la política del Estado Dominicano en los mencionados sectores. El déficit habitacional, por su parte, presenta un crecimiento mayor a la introducción de viviendas de bajo costo por medio de esta modalidad. El fideicomiso público, por su lado, presenta fuertes críticas y preocupaciones por medio de distintos sectores de la sociedad. La bolsa de valores, que actualmente cuenta con una única empresa cotizante, supone ser más un sistema de compra y venta de bonos cuya plusvalía devenga de las acciones de la entidad, en vez de representar ser parte propietaria de la entidad en virtud a la cantidad de acciones adquiridas, como es la costumbre en los países con bolsas de valores. Por estas razones, la presente investigación busca realizar un análisis multisectorial para comprender las distintas ramificaciones presentadas por estos fideicomisos, dato importante dado a que se manifiestan como políticas del Estado Dominicano. Existe un alto interés detrás del éxito de estas políticas, que a la fecha actual no ha sido apropiadamente medido por las instituciones del Estado. Incluso, parte de la problemática se encuentra atada a la incongruencia de distintas estadísticas presentadas por distintas instituciones, que presentan preocupantes discrepancias entre los datos determinados. A fin de establecer un análisis crítico, utilizaremos como punto de referencia a cuatro países; Estados Unidos, Inglaterra y México. Estos países fueron elegidos, en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, por ser los países líderes en el desarrollo de estas figuras jurídicas, mientras que, en cuanto a México, debido a sus disyuntivas políticas que presentan una considerable similitud al sistema dominicano, así como el desarrollo que han observado las figuras desde su implementación.