Impacto de la tutela judicial efectiva y el debido proceso respecto a la prisión preventiva en República Dominicana

Abstract

En la República Dominicana por años se ha evidenciado mucha lentitud a la hora de procesar los casos penales ante la jurisdicción. Uno de los factores que más incide en este problema es el tiempo de espera entre el momento de la imposición de entre la prisión preventiva como medida de coerción, y el momento de la audiencia preliminar y/o el juicio de fondo. A pesar de la necesidad que existe en muchos de los casos (como explicaré más adelante) para imponer la prisión preventiva como medida de coerción, es indudable que en la mayoría de los casos esa espera antes mencionada es innecesaria e inoperante, y lo único que provoca es la congestión del sistema, que a su vez incide en la mora judicial, tan atacada e indeseada, en el sistema judicial. Este problema crea un efecto dominó que perjudica: a) a los jueces en sus desempeño por las grandes cantidades de casos pendientes; b) a los centros de detención por la falta de espacio; c) a los abogados que no pueden ayudar a sus clientes hasta que cumplan su tiempo; y por último pero no menos importante, d) a las personas acusadas o procesadas, ya que la mayoría deben permanecer por largos periodos de tiempo en un estado de indefinición, a la espera de que su situación jurídica sea determinada por el tribunal apoderado de su caso. La regulación de las medidas de coerción, en específico la prisión preventiva, es esencial para asegurar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La regulación de las mismas amerita un ejercicio de eficientizar los procesos, adaptándolos a la realidad y a las necesidades que tiene hoy en día el país, y no a la escogencia del camino radical que implica su eliminación como veremos más adelante. Mi meta es identificar y comprobar cuál es la mayor retranca en la dilación de los procesos, pero, sobre todo, determinar cuál sería el tiempo de duración de la prisión preventiva más idóneo para agilizar los procesos y la salvaguarda de los derechos de las personas procesadas, así como los de las víctimas. Al mismo tiempo que me dispongo a investigar y establecer si la clave del éxito radica en una ligera modificación al plazo máximo para el cese de la prisión preventiva. Por último, es importante resaltar que con esta investigación busco proponer una solución práctica y viable que se traduzca en resultados que ayuden al mejoramiento del sistema penal de la República Dominicana; liberándolo del congestionamiento de los tribunales y de los recintos carcelarios. En tal sentido, invito al lector a abogar por una solución que en definitiva constituye un problema que afecta a toda la población por igual.