Limitada autonomía fiscal municipal y la descentralización en la República Dominicana

Abstract

La República Dominicana tiene un sistema de impuestos muy centralizado. La administración tributaria nacional se encarga de la mayor parte de la recaudación, y los gobiernos locales dependen casi por completo de las transferencias del poder ejecutivo. La Constitución dominicana reconoció la autonomía política, administrativa y fiscal de los municipios. Sin embargo, en la práctica, esta autonomía es limitada, lo que provoca un desfase entre el diseño jurídico y la realidad institucional. Esto restringe la autonomía política y presupuestaria que la Constitución les reconoce en su artículo 199 a los gobiernos locales. El problema es que los ayuntamientos no tienen recursos propios suficientes para hacer frente a las competencias que la ley les atribuye (basuras, urbanismo, alumbrado, mercados, cementerios, entre otros). Como resultado, los gobiernos locales no tienen fondos para costear las políticas públicas locales. Esto es que en la República Dominicana los gobiernos locales no tienen una manera propia de recaudar impuestos; dependen de las transferencias o participaciones que el gobierno central les otorga de lo que se recauda a nivel nacional y de los arbitrios o tasas por servicios que cobran en los municipios donde operan. Pero estas últimas fuentes no existen en municipios más pequeños y pobres, imposibilitando o anulando la eficacia de los servicios que gobiernos anteriores ofrecían cuando surgía un problema. Además, el impuesto sobre el cual la mayoría de los países basa su autonomía municipal —el impuesto predial— en República Dominicana está centralizado bajo el IPI (Impuesto al Patrimonio Inmobiliario), sustrayendo a los gobiernos locales de una fuente fundamental de recursos propios. Y esto trae como consecuencia: • Falta de calidad de los servicios públicos municipales, al no tener fuentes ciertas de ingresos. 6 • Baja legitimidad ciudadana hacia los gobiernos municipales, ya que la gente siente que paga impuestos, pero no recibe buenos servicios locales. • Pérdida de incentivos a mejorar la gestión tributaria local, porque los municipios viven de transferencias y no de lo que recaudan. • Disparidad territorial, ya que municipios con potencial económico similar no aprovechan por carecer de herramientas de recaudación. Estas situaciones anteriores implican que con urgencia el Estado adecue o cree los instrumentos y mecanismos (legales) de que dispone para esta función. En caso de suceder, afectaría en gran medida la eficiencia con que los gobiernos locales llevan a cabo la gestión, contribuyendo a alcanzar los objetivos de descentralización del recaudo de la administración central. En fin, en República Dominicana hay una asimetría estructural: se les atribuyen más responsabilidades a los municipios de las que están autorizados a recaudar, creando un círculo vicioso de dependencia, ineficiencia y debilidad institucional.