Regulación jurídica de Airbnb en República Dominicana : un enfoque sobre libertad de competencia y consideraciones tributarias

Abstract

Airbed & Breakfast (cama de aire y desayuno), mejor conocido como Airbnb es un proyecto que nace en el año 2007, en virtud de que los fundadores Joe Gebbia y Brian Chesky tenían problemas financieros y el dinero que tenían no alcanzaba para pagar la renta, buscando una alternativa para generar dinero y poder cubrir los gastos de renta transformaron la sala de estar y la convirtieron en una habitación con colchones inflables, aprovechando que se encontraban en la ciudad de San Francisco y que los apartamentos para rentar eran escasos decidieron publicar por la web la renta de este espacio a un bajo costo. Luego del auge que tuvieron en estas actividades de transformar la sala de estar por habitaciones para que pudiera ser rentado a bajo costo de manera temporal por cualquier persona en San Francisco, los mismos se fueron expandiendo y ya para el 2009 lo que se denominaba “Airbed and breakfast” pasó a llamarse Airbnb de manera resumida y haciendo un nombre más comercial. Lo cierto que, en el 2019, Forbes reconoció que Airbnb contaba con más de seis millones de anuncios de alojamientos con presencia en 191 países, mediante la modalidad que es conocida hoy en día de que los usuarios suministren un alojamiento acogedor, a buen precio a través de la plataforma que se encargaría de dar seguridad tanto al propietario como al arrendatario de una estadía segura. Estás actividades de amueblar y condicionar espacios a los fines de ser rentados ha sido una alternativa para millones de usuarios a nivel mundial, siendo esto una actividad fija a la que usuarios han optado por dedicarse a tiempo completo, en virtud de los beneficios económicos -y en principio libres de gravámenes de impuestos-. Empero, estas actividades comerciales deben ser vistas desde la óptica del estado, en beneficio de este, de la sociedad, y del usuario, y su alcance debe estar más allá que los lineamientos propios que contiene la plataforma deben estar conforme a la Ley de los estados en los que se encuentran situados, -y solo de esta manera el Estado pudiera ser un ente capaz y con aptitud de definir, dirimir, y solucionar los conflictos derivados de esta actividad comercial. Desde un enfoque más particular, en la República Dominicana existe una institución denominada Procompetencia, que dentro de sus funciones tiene la defensa de la competencia, siendo este ente el organismo responsable de una competencia efectiva de todos los bienes y servicios suministrados en el territorio Nacional, pero … ¿Como pudiera esta institución velar por una competencia sana y efectiva de los servicios brindados a través de la plataforma virtual de Airbnb, si l estos servicios se encuentran únicamente regularizados por los términos y condiciones que se encuentran previstos en la plataforma?, ¿serían los términos y condiciones de la plataforma suficientes para dirimir los conflictos de competencia derivados de la referida actividad?, ¿Como pudiera intervenir Procompentencia en virtud de un conflicto o a favor de un usuario si esta plataforma no se encuentra regularizada con las disposiciones legales actuales de la República Dominicana?. También es importante establecer que el deber tributario corresponde a todos de conformidad con el Código Tributario dominicano y debe realizarse en proporción a los ingresos y bienes de cada ciudadano, y esta actividad comercial, así como las demás no debería estar exenta de esta carga, sobre todo porque se trata de una alternativa al alojamiento tradicional que tributa debidamente y por tanto, el comerciante que alternativamente se lucra de estas actividades debe tributar de la manera correcta y en proporción a lo obtenido. En estos aspectos de competencia y carga tributaria resulta indispensable un análisis a la aplicación de Airbnb en la República Dominicana, a favor del Estado principalmente y en beneficio de la sociedad, y sobre todo siendo este análisis un documento jurídico que estaría disponible al escrutinio público de la clase jurídica para conocer sobre los derechos, y deberes de todos los usuarios que rentan y arrendan a través de la referida aplicación.