Examinando por Autor "Diego Alejandro Santos Manzano"

Mostrando 1 - 1 de 1

Impacto de la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos en el ejercicio de los derechos económicos del sector turístico en República Dominicana
(2024) Diego Alejandro Santos Manzano. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
La República Dominicana ha sufrido grandes transformaciones, transversales a toda la sociedad en las últimas décadas. El acelerado crecimiento de la economía y el cambio estructural que este ha acompañado en la sociedad ha tenido que verse reflejado en un marco jurídico en desarrollo y constante proceso de aggiornamento. Sin dudas uno de los cambios más palpables en el entorno es el gran desarrollo urbanístico experimentado por nuestros núcleos urbanos y zonas de desarrollo turístico en los últimos cuarenta años. La sustitución acelerada de la agricultura por el turismo como principal industria de nuestra estructura económica, así como la tercerización general de la economía, en un contexto de muy poca regulación previa para el desarrollo urbanístico en combinación con un estado muchas veces laxo y poco preparado para hacer cumplir la legislación vigente han desembocado en una situación actual en la que el desorden es la norma en la creación, expansión y desarrollo de nuestros asentamientos humanos. La actualización antes referida de nuestro marco jurídico, como es habitual en todas las latitudes del mundo, ha sucedido con intención de solucionar problemas creados y no en previsión de problemas futuros. El legislador suele legislar para resolver problemas, no para prevenirlos. Es por esto que no es hasta 2022 que se aprueba en nuestro país la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos, cuyo reglamento se encuentra aún en elaboración y que vendrá a concluir un culminar un largo proceso legislativo y regulatorio para conformar nuestro marco jurídico en esta materia. La importancia fundamental del ordenamiento territorial para el desarrollo económico sostenible y positivo no escapa a ningún análisis. El impacto que nuestro marco jurídico pueda tener en el desenvolvimiento de la actividad económica que mayor peso tiene en nuestro país es de evidente relevancia para el público general y especialmente quienes se dedican al desarrollo de políticas públicas y la inversión de recursos.