Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional)Oscar Pabel Valdez GuillénYinette Paulino2026-04-212026-04-212025Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de:https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/3215La República Dominicana se ha consolidado en las últimas décadas como un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED), especialmente en sectores como el turismo, la minería, las telecomunicaciones y las zonas francas. Sin embargo, este proceso de apertura económica ha planteado un desafío recurrente: la doble tributación internacional, que ocurre cuando un mismo ingreso es gravado en dos jurisdicciones distintas. Este fenómeno genera incertidumbre para los inversionistas y puede desincentivar la llegada de capitales, afectando la competitividad del país en el mercado global. Con el fin de mitigar este problema, la República Dominicana ha suscrito tratados de doble tributación (CDI), siendo los más relevantes los firmados con Canadá en 2011 y con España en 2014. Estos acuerdos buscan evitar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal y ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes. No obstante, la red de tratados dominicana sigue siendo limitada en comparación con países de la región como Panamá o Costa Rica, lo que plantea dudas sobre su efectividad real en la atracción de capitales y en la protección de la base tributaria nacional. La importancia de esta investigación radica en que permitirá evaluar el impacto concreto de los CDI en el periodo 2011–2025, analizando tanto su efecto en la inversión extranjera como en la recaudación fiscal. En un país con una presión tributaria históricamente baja (alrededor del 13–14 % del PIB), resulta crucial determinar si los tratados han fortalecido la competitividad y la seguridad jurídica, o si, por el contrario, han generado espacios de erosión fiscal que limitan la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. Este estudio también se inserta en el debate sobre la necesidad de un pacto fiscal integral en la República Dominicana, recomendado por organismos internacionales como el FMI y la CEPAL. Evaluar los CDI permitirá identificar si 6 estos acuerdos están alineados con los principios de equidad, eficiencia y suficiencia tributaria, o si requieren ajustes para evitar que se conviertan en mecanismos de planificación fiscal agresiva. Desde una perspectiva comparativa, la investigación es relevante porque permitirá contrastar la experiencia dominicana con la de países similares de la región, enriqueciendo la comprensión del caso nacional y ofreciendo insumos para la formulación de políticas públicas que fortalezcan la competitividad fiscal. Asimismo, contribuirá a la literatura académica sobre derecho tributario internacional, un campo aún poco explorado en el país, y servirá como referencia para futuros estudios. Finalmente, la investigación tiene una relevancia práctica y social. Para los inversionistas extranjeros, los CDI representan una garantía de estabilidad y previsibilidad en sus operaciones. Para el Estado dominicano, constituyen una herramienta para atraer capitales sin sacrificar su soberanía fiscal. Y para la sociedad en general, un adecuado diseño y aplicación de estos tratados puede traducirse en mayores inversiones, generación de empleo y crecimiento económico sostenible. Sin embargo, si no se gestionan de manera adecuada, también pueden implicar pérdidas de recaudación y desigualdades en la carga tributaria.Españolhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esTesis