Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional)José Iván Meilán GonzálezOscar Pabel Valdez GuillénMarcel Victoria de la Cruz Quezada2025-06-242025-06-242024Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Derecho]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de:https://repositorio.unibe.edu.do/handle/123456789/2838La creciente presencia del crimen organizado en América Latina y el Caribe representa un desafío esencial para el desarrollo y la estabilidad democrática en la región. Este flagelo, caracterizado por su extensión generalizada y formas operativas cada vez más violentas, impone serias barreras a la aplicación efectiva del estado de paz social que es fundamental para el bienestar de la sociedad. Por lo que podemos concluir que, la influencia del crimen organizado no solo afecta los bienes jurídicos de aquellos que conviven directamente con este, sino que también permea las estructuras estatales, perjudicando la economía y amenazando la seguridad de las empresas privadas, y socavando los sistemas políticos e instituciones democráticas en todos los países de la zona. La República Dominicana sin ser inmune a esta problemática, se enfrenta a diversas manifestaciones del crimen organizado, que abarcan desde la trata de personas hasta el tráfico de sustancias controladas y actos de corrupción, por lo que, para hacerle frente, el Estado dominicano se sume en una lucha constante contra los problemas sistémicos derivados de la criminalidad organizada, buscando salvaguardar la paz social y el bienestar de sus ciudadanos, a través de los organismos castrense. Estos organismos, encargados de la persecución de la criminalidad, se ven obligados a regirse por las reglas establecidas en el Código Procesal Penal Dominicano, el cual regula todo el proceso desde la investigación hasta la sentencia definitiva, constituye un punto neurálgico, especialmente en la etapa de investigación e instrucción. En este contexto, la imposición de medidas de coerción, y en particular la prisión preventiva, se erige como una herramienta crucial en la confrontación contra el crimen organizado. Observamos cómo el legislador, al abordar la necesidad de enfrentar la gravedad de estos casos, ha establecido aumentos en el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, considerada como la medida más gravosa. Sin embargo, esta acción no está exenta de interrogantes y desafíos. La aplicación extensiva de la prisión preventiva en casos de crimen organizado plantea cuestionamientos sobre la proporcionalidad, la efectividad y, fundamentalmente, la salvaguarda de los derechos constitucionales de los individuos sometidos a esta medida. Por tanto, la presente tesis tiene como propósito central analizar críticamente los criterios de aplicación de la prisión preventiva en casos de crimen organizado en la República Dominicana. A través de esta investigación, se buscará comprender la efectividad y necesidad de dicha medida, considerando la correlación entre la duración de la prisión preventiva y la naturaleza de la imputación, así como su impacto en la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales. En última instancia, esta tesis aspira a contribuir a la reflexión sobre la aplicación de medidas coercitivas en la lucha contra el crimen organizado, proponiendo perspectivas y recomendaciones que puedan mejorar la efectividad del sistema judicial dominicano, buscando reducir la población carcelaria, restaurando la confianza pública en el sistema judicial, pero, al mismo tiempo, garantizando al mismo tiempo el respeto incondicional de los derechos individuales y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.Españolhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esTesis